Sobre el libro “Falsas denuncias”. Lo inverosímil del abuso sexual incestuoso y la insistencia en sostener su velo.

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Gran controversia ha generado el nuevo libro del periodista Javier Rebolledo, “Falsas denuncias; una investigación sobre padres acusados de abuso sexual”, apropósito, Vinka Jackson y Rodrigo Venegas, se preguntan en una carta al director de El Mercurio “¿cuánta más sospecha o deslegitimación de padecimientos infantiles podemos todavía tolerar como sociedad?”.

El descrédito histórico en abuso sexual infantil, fundado en razonamientos parasitarios de valores patriarcales, adopta nuevos ribetes a lo largo del tiempo. Primero los niños y niñas no tienen voz, luego pueden decir algo, entonces se dirá que mienten, pero la producción teórico-clínica muestra que sobre abuso sexual no saben mentir. Se dirá que mienten las madres, que les “lavan el cerebro”. Toma así tribuna para desbaratar testimonios de niñas/os el Síndrome de Alienación Parental (SAP) que en 1985 acuña alguien que al mismo tiempo escribe que todos tenemos una cuota de pedofilia.  Sabido es que, por las características del fenómeno, probar con evidencia objetiva la existencia de un abuso sexual es casi imposible, se instala con comodidad el SAP como caballito de batalla en la defensa del acusado.

El autor de “Falsas denuncias” conoció casos de padres acusados de abusar sexualmente a sus hijas/os, exploró un par de historias con sentencia y años de condena, donde los hijas/os se retractaron de sus relatos.  Descubrió una agrupación de ayuda sobre causas del sistema penal y proteccional, observando que muchos de sus integrantes indicaban ser víctimas de confabulaciones que culminaban en denuncias por abuso sexual a sus hijos/as.  Conversó también con jueces, juezas y abogados/as que expresaron calcular un alto porcentaje de este tipo de denuncias en Juzgados de Familia, atosigando el sistema, mientras como bien menciona, las cifras del Ministerio Público no especifican vínculo entre denunciado y denunciantes.  Por otra parte, y en argumento a la sospecha, contrasta esto con un estudio de Unicef realizado hace más de 10 años y que mediante entrevistas a 1650 niños/as de 8° básico en 6 regiones del país,  arroja un 8,7% de abuso  sexual infantil sin subrayar a padres biológicos como principales agresores.

Enhorabuena, tanta inculpación a padres en Tribunales de Familia le parece inverosímil e inicia una “investigación” bajo la premisa de que se trata de “falsas denuncias”.  Ya le pasó a Freud escuchando el horror a inicios del siglo XX, no era posible tanto padre abusador.  Se trataba entonces sólo de fantasías y “dejó de creer en sus histéricas”

A juicio del periodista, se trata de falsas denuncias porque se enmarcan en disputas judiciales de larga data en que las mujeres apuestan su última carta para “ganar algo” y que el sistema proteccional lo avala por lucro. Esto también sería posible gracias a estudios jurídicos que, como se le escucha decir en alguna entrevista, “pagan sus vacaciones” con este tipo de causas, mientras a los organismos colaboradores les conviene para asegurar financiamiento. Los programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual infantil (PRM) dilatarían los procesos de manera voluntaria, para concluir, luego de muchos meses o años, que no hubo abuso sexual. Comenta que los actores del entramado jurídico y proteccional saben desde el inicio de la inocencia del acusado si antecede a la denuncia un divorcio controversial, porque “es cosa de mirar la causa” dirán, y los hombres acusados “no cumplen el perfil” (entrevista a El periodista TV).  Insiste en que son denuncias construidas porque esas madres, como dice en las distintas entrevistas, “no es alguien que corra de madrugada a la comisaría en bata”, “a pies pelao”, “no son casos donde llega la mamá con lo puesto”, “en chancletas”; por tanto, serían maniobras elaboradas en contexto de alta conflictiva judicial.    Si bien el libro tampoco ofrece datos sobre el porcentaje de denuncias que portan estos antecedentes, suponiendo una alta frecuencia, cabría preguntarse: ¿qué gana una madre cuando denuncia por abuso al padre de su hija/o, en medio de la revictimización propia de una sobre judicialización?  Si la causa prospera, las denunciantes deberán pagar peritajes y abogadas/os mientras ingresan a programas subvencionados por el Estado que pocas veces logran garantizar protección, debiendo favorecer revinculaciones, en muchos casos con riesgo evidente para la madre y sus hijo/as.  Es que no se equivoca Javier Rebolledo cuando habla del funcionamiento defectuoso de los organismos colaboradores y debilidades en sus bases técnicas.

Pese al imperativo ético de mucha/os profesionales ante sospechas de abuso sexual, ni los PRM ni los programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) ni otros dispositivos,  pueden concluir qué ocurrió o no desde una verdad jurídica. Construyen un diagnóstico en relación a padecimientos psíquicos, síntomas e indicadores psicosociales, y esta verdad particular, aún no se hace un lugar de escucha en el sistema judicial. Para eso, entre otras cosas, quiénes somos testigos del dolor desde la salud mental tenemos el desafío de seguir pensando cómo dialogar con el aparato judicial para mostrar lo traumático más allá del síntoma ¿Cómo diagnosticar el sufrimiento de un niño/a y cómo traducirlo al lenguaje jurídico? Estas preguntas movilizan el despliegue teórico basado en un trabajo clínico permanente de décadas, donde el norte ha sido no solamente el diálogo, sino también la producción de conocimiento local enlazada con el trabajo internacional. Vastos continentes de investigación científica que, lamentablemente, el autor no parece haber visitado.

Sería insensato suponer que no existen denuncias falsas “por despecho” o para “ganar algo”  ni denuncias a padres inocentes ante sospechas reales, ni padres e hijos alejados injustamente con estragos irreparables y es por supuesto, responsabilidad de todos los actores impedir o detener a tiempo la fractura de un lazo paterno filial instituido en amor y protección, pero sugerir una epidemia de denuncias falsas y un secuestro masivo de niños por el Estado es de suma irresponsabilidad.

Hoy, el avance en la lucha de movimientos feministas y organizaciones de la sociedad civil contra la violencia sexual ha permitido un proceso creciente de visibilización de este tipo de crueldades. Estos progresos incluyen correr el velo que cubre los abusos incestuosos también en la clase social alta y media alta.

El libro desliza algunos dilemas ¿las madres que denuncian no serían buenas denunciantes? ¿portar un historial de agencia en el sistema las torna sospechosas?, ¿La escena de la denuncia no se ajusta a un imaginario cuasi cinematográfico de quien sorprende in situ la aberración sexual o enloquece tras una develación? ¿Los denunciados no cumplen con cierto perfil? ¿cuál perfil?, ¿Poderosos persiguiendo a varones incuestionables en su razón y posición de poder?.

La incomodidad que respiraría el sistema judicial al tener que hacer frente a causas que según imaginarios colectivos y cofradías patriarcales, parecieran no tener sentido, denota sus deficiencias técnicas, formación precaria en estas temáticas y por sobre todo, asuntos éticos y políticos. La visibilización de lo siniestro seguirá avanzando, en lo público, en lo privado y en cualquier estrato social.

 

Ana Paula Viñales

Psicóloga Clínica, Fundación Templanza